Se trata de la fianza para eludir prisión más alta impuesta en una instrucción judicial en España, solo igualada por la decretada en 1999 para el empresario Javier de la Rosa, que también fue de 30 millones de euros.

El magistrado ha tomado esta decisión tras escuchar las explicaciones de Díaz Ferrán, quien ha estado declarando durante más de una hora acompañado por su abogado, Manuel Ollé.

Díaz Ferrán ha negado los hechos ante el magistrado, según explicaron fuentes jurídicas. El expresidente de la CEOE ha asegurado que no trató de ocultar su patrimonio sino que vendió sus empresas ante la situación de crisis que vivían. Añadió en este sentido que de estas gestiones se ocupaba su socio Gonzalo Pascual, fallecido en junio pasado.

El imputado señaló igualmente que su relación con el empresario Ángel de Cabo, el presunto ‘cerebro’ de la red concebida para vaciar patrimonialmente a Marsans, se limitó “exclusivamente” a esta venta de sus empresas.

El fiscal encargado del caso, Daniel Campos, solicitó tras la declaración el ingreso en prisión incondicional –sin fianza- del exrepresentante de la patronal española.

NUEVO INTERROGATORIO

Tras la declaración de Díaz Ferrán, el juez Velasco ha celebrado una vistilla en la que ha decidido el ingreso en prisión preventiva bajo fianza de 30 millones de euros del expresidente de la CEOE. Tras este trámite, el magistrado ha comenzado el interrogatorio del empresario Ángel de Cabo, quien se va a negar a declarar ante Velasco, según informaron fuentes jurídicas.

El juez interrogó en primer lugar a Antonio García, presunto testaferro de De Cabo.

Díaz Ferrán llegó a la Audiencia Nacional junto a los otros 9 detenidos en la ‘operación Crucero’ a las 8.40 horas a bordo de un furgón policial. Todos ellos fueron detenidos a primera hora de la mañana del pasado lunes.

Tras su declaración ante el juez Velasco, Díaz Ferrán será ahora trasladado a la Plaza de Castilla de Madrid, donde está citado a las 13.00 horas para declarar como imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, José Silva, por la concesión de un crédito de Caja Madrid por valor de 26,6 millones de euros. A las 12.30 horas el juez Silva interrogará, también calidad de imputado, al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.

El juez Velasco también tomará declaración a lo largo de la mañana a los otros siete detenidos por su presunta participación en la trama de ocultación de bienes y de blanqueo de capitales. En la operación, denominada ‘Crucero’, fueron detenidos, además de Díaz Ferrán y De Cabo, el empresario de Castellón Iván Losada, socio de De Cabo; su secretaria, Susana Mora, y su cuñado, Teodoro Garrido. Fueron asimismo arrestados los supuestos testaferros de De Cabo Rafael Tormo, Antonio García, Carmelo José Estelles Giménez y José Enrique Pardo Manrique.

FIANZA HISTÓRICA

La fianza decretada para Díaz Ferrán es la más alta que se ha impuesto a imputado en España para que pueda eludir prisión. La misma cantidad, 30 millones de euros, fue impuesta por la Audiencia Nacional en 1999 al empresario catalán Javier de la Rosa en el marco de la investigación por la descapitalización del grupo Torras. La fianza fue finalmente reducida a tres millones de euros.

Otra de las fianzas millonaria, en este caso de 15 millones de euros, fue impuesta al presunto ‘cerebro’ del ‘caso Gürtel’, Francisco Correa. La Audiencia Nacional fue reduciendo progresivamente esta caución hasta los 200.000 euros, una cantidad que Correa pudo pagar en junio pasado para salir de prisión.

En este histórico de fianzas también destacan las impuestas al banquero Mario Conde (12 millones); al traficante de armas sirio Monzer al Kassar (12 millones); al expresidente de Baleares Jaume Matas (tres millones); y al exasesor de urbanismo de Juan Antonio Roca (tres millones).

YATES Y APARTAMENTOS DE LUJO

Las detenciones de la ‘operación Crucero’ se produjeron en el marco de la causa abierta por Velasco en julio pasado para investigar la presunta ocultación de bienes de Díaz Ferrán para no hacer frente a las deudas del grupo Marsans.

La investigación fue abierta a raíz de la denuncia presentada por Hoteles Meliá, Viajes Iberojet y AC Hoteles contra Díaz Ferrán, su socio Gonzalo Pascual -ya fallecido- y Ángel del Cabo por ocultar, entre otros bienes, propiedades de lujo (vehículos, yates y apartamentos) para no responder a las deudas contraídas.

Marsans debe 45 millones de euros a varios hoteleros y habría además, según la Fiscalía, más de 10.000 perjudicados por la presunta ocultación del expresidente de la patronal y sus socios.

De forma paralela a la causa de Velasco, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga a Díaz Ferrán por presunta estafa y apropiación indebida a través de Viajes Marsans.