Peláez hizo estas declaraciones en su intervención en el 8º Congreso Nacional de Aspaym que, bajo el lema “I+D+I en el abordaje de la lesión medular”, se celebra en Oviedo hasta este viernes.

En sus palabras, Ana Peláez desgranó los retos a los que se enfrentan los diferentes agentes sociales en España tras la ratificación de la Convención de la ONU.

Así, dijo que es “muy importante hacer el ajuste del ordenamiento jurídico español a la Convención” aspecto que “no va a ser tan fácil” porque “se van a cuestionar principios fundamentales”. Además, indicó la importancia de que “los mecanismos de seguimiento de la Convención empiecen a trabajar”.

Igualmente, señaló que hay que “educar en los nuevos valores de la convención a todos los agentes sociales y en derechos a las personas con discapacidad” porque “si ellas no conocen sus derechos, no van a poder defenderlos y disfrutar de ellos”.

Además, la experta animó a la sociedad civil a que participe en el desarrollo de la Convención y al mundo asociativo a que “proponga informes en la sombra cuando sea el momento”.

Por su parte, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Francisco José Bastida Freijedo, aseguró que “la omisión de los poderes públicos puede ser la primera fuente de discapacidades”.

Bastida señaló que “la discapacidad no es un estatus, es una serie de condicionamientos, que en mayor o menor medida todos acabaremos por padecer por razones biológicas”.

Por otra parte, el adjunto segundo del Defensor del Menor, Manuel Aguilar Belda, manifestó que los diferentes tipos de discapacidad, la disparidad de necesidades y las diferentes situaciones en que se encuentran las personas con discapacidad, “dificultan enormemente cualquier intento de sintetizar sus problemas”.

“Esta circunstancia, unida a la especial vulnerabilidad de muchas de estas personas, ha motivado numerosas actuaciones de oficio dirigidas a conocer las distintas realidades y garantizar el desarrollo de los derechos de los ciudadanos afectados”, agregó.

Por último, y en relación a la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, indicó, que es necesario “un importante esfuerzo por parte de las administraciones responsables, que han visto desbordadas sus previsiones, siendo incapaces, la mayor parte de las veces, de reconocer las prestaciones en los plazos establecidos”.

De las quejas recibidas en el año 2008, “se desprende que, todavía hay un considerable número de ciudadanos que, aún teniendo una gran dependencia, no han conseguido ver reconocido su derecho”, concluyó.