Así lo dijo a los periodistas antes de entrar en la Junta de Portavoces, al ser preguntada por la intención del Gobierno de que las Comunidades Autónomas financien a centros privados para garantizar la enseñanza en español.

“Lo que es obligatorio constitucionalmente es que los ciudadanos tengan derecho a elegir en las Comunidades Autónomas bilingües la lengua en la que educan a sus hijos y en la que se relacionan con la Administración. Y las Comunidades Autónomas, como parte del Estado que son, tienen que garantizar ese derecho”, dijo.