Explicó que, a lo largo de 2008, y para conocer in situ la situación de estos menores, visitó varios de estos asentamientos y mantuvo contacto con las administraciones implicadas y con diversas asociaciones que trabajan en estos poblados.

Indicó que en esa zona viven unos 2.000 menores y consideró necesario concretar más la situación de los mismos: condiciones sanitarias, escolarización, tramos de edad, necesidades.

Dijo que en los poblados en los que están interviniendo los programas sociales del IRIS se está llegando a grados satisfactorios de matriculación en centros, rebajándose considerablemente el absentismo escolar.

Informó de que, en relación a Cañada Real, el Defensor del Menor tramitó en estos años hasta 46 expedientes derivados de las condiciones en las que viven los niños en el asentamiento y dijo que han sido muchas las actuaciones acometidas desde la institución.

Añadió que también se ha dirigido en diversas ocasiones a las administraciones notificando temas como: el riesgo que corrían los niños en sus desplazamientos para coger agua o para tomar el autobús escolar (se cambió la ubicación de la parada); las situaciones de riesgo para los niños que provocaban las demoliciones y desalojo.

Así como la necesidad de abrir una guardería para menores de 0 a 3 años cuyas madres se dedican a la mendicidad; la situación de varios menores que viven en infraviviendas y padecen enfermedades crónicas; la posibilidad de trasladar a los toxicómanos a otras zonas para que no entren en contacto con los niños; contactos con el Canal para llevar agua a todo el asentamiento.

Manifestó que, en este momento, la institución que preside está realizando un estudio sobre los menores de El Gallinero y un seguimiento de las atenciones que reciben, especialmente, de su situación escolar.

Destacó la dificultad que entraña la resolución total del problema de los poblados chabolistas y el esfuerzo que están realizando las administraciones e insistió en la necesidad de “redoblar esfuerzos para garantizar, al menos, la total cobertura sanitaria y educativa para estos niños”.

DROGAS

Afirmó que otra situación de riesgo, en ocasiones asociada también a los poblados marginales, es el acceso de los menores a drogas y alcohol y señaló que, aunque los programas desarrollados por las distintas administraciones están resultando muy efectivos, hay que seguir incidiendo en campañas preventivas orientadas a grupos de riesgo y adaptadas a las nuevas pautas de consumo.

Igualmente, hay que controlar la oferta de drogas a adolescentes y jóvenes vigilando, además, su acceso a las consideradas drogas legales: alcohol y tabaco, señaló.

También se refirió a los malos tratos y dijo que representan una situación extrema de riesgo sobre la que es necesario seguir incidiendo, especialmente en lo que se refiere a los procedimientos de detección y notificación.

A su juicio, los profesionales que están en permanente contacto con los niños (sanitarios y profesores), deben tener pautas de actuación claras y sencillas, protocolos sobre los que hay que incidir.

Respecto al Informe del Defensor del Menor, explicó que en 2008 se tramitaron 1.438 expedientes por posibles vulneraciones de los derechos de estas personas. Una vez más, el mayor número de quejas se refiere a temas relacionados con la Educación y Cultura (48,8% del total), seguidos de aspectos relativos a Integración Social y Protección Jurídica del Menor, que suman un 30´5%; un 12% abordan distintos asuntos relacionados con la Salud de los menores y un 4´2% del total se refieren a utilización de las nuevas tecnologías. El 4´5% restante versa sobre temas diversos.

Los problemas de convivencia en los centros y la demanda de plazas en el tramo no obligatorio de Educación Infantil han sido los temas más requeridos en las quejas de los ciudadanos en Educación.

En materia sanitaria, se ha incidido en los menores con problemas de salud mental y en el tratamiento escolar para aquellos que padecen enfermedades crónicas.

Los conflictos familiares han sido también motivo de múltiples quejas, especialmente derivadas de los incumplimientos de medidas y de la demora producida en los procesos de separación.

Las nuevas tecnologías son permanente objeto de trabajo de la institución, que ha desarrollado campañas de fomento para un uso responsable de las mismas.

Las reiteradas quejas recibidas sobre contenidos televisivos en horario de protección infantil han motivado recomendaciones a las distintas cadenas y una propuesta al Gobierno central para que las sanciones por incumplimiento del Código de Autorregulación sean proporcionales a los beneficios que la cadena obtiene en el tramo en el que se produce el incumplimiento.

El Defensor del Menor insistió en la necesidad de regular adecuadamente y de forma homogénea las instalaciones deportivas y de ocio destinadas a menores para evitar que se produzcan más accidentes.