Estos sindicatos reclaman “que la Justicia siga siendo un servicio público que garantice el acceso a la misma de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad, tal y como proclama la Constitución, que garantiza el principio de tutela judicial efectiva”.

A juicio de estas organizaciones, la Ley de Tasas Judiciales “crea una Justicia sólo para una minoría privilegiada e impide el acceso a este derecho fundamental a la inmensa mayoría de la sociedad por no tener los recursos que dicha ley establece”.

“Denunciamos”, afirman CSI-F, CCOO, STAJ y UGT en un comunicado, “que la Administración de Justicia ampare a los causantes de la crisis económica, como la gran banca, que con sus demandas privan a millones de ciudadanos de un derecho fundamental como es la vivienda”.

Asimismo, estos representantes de los funcionarios censuran “el oscurantismo y el despotismo del titular de Justicia en la elaboración y tramitación de los proyectos de ley de reforma” de los tribunales. Aseguran que el ministro está “despreciando soberanamente a los profesionales y empleados públicos que día a día somos los que mantenemos en pie el servicio público”.

CSI-F, CCOO, STAJ y UGT se oponen también a otras reformas en marcha “que van a suponer un encarecimiento de la Justicia para los ciudadanos, que pagarán por unos servicios que ahora prestamos los empleados públicos de forma gratuita, al ser un servicio público indispensable”.