En un comunicado, Hacienda señala que de aprobarse una resolución o disposición contraviniendo lo dispuesto en la ley “podrá recurrirse ante el Tribunal Constitucional, por tratarse del incumplimiento de una normativa básica estatal”.

Desde el departamento de Cristóbal Montoro subrayaron que “adoptar una decisión de estas características, obviando la normativa básica de aplicación directa y prevalente sobre las normas autonómicas anteriores contrarias a aquella, supone una clara vulneración del orden constitucional”.

Además, explicaron que se podría incurrir en delito de prevaricación, tipificado en el artículo 404 del Código Penal, cuyo supuesto de hecho consiste en dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo por parte de autoridad o funcionario público, a sabiendas de su injusticia.