Esta es la conclusión que alcanza la ONG en el documento 'Semáforo de la exclusión sanitaria', que otorga el color rojo a las regiones que aplican a rajatabla el Real Decreto Ley 16/2012, "que excluye a las personas inmigrantes no regularizadas del sistema público de salud y únicamente aseguran formalmente la atención de emergencia, a menores y embarazadas".

Según Médicos del Mundo, algunas regiones incluso han ido más allá de lo que marca el real decreto ley otorgando al personal administrativo en lugar de al sanitario la potestad de decidir lo que es o lo que no es urgencia.

El amarillo va destinado a las comunidades que aplican la norma pero que han articulado un procedimiento de atención a las personas excluidas más allá de los mínimos establecidos y el verde se otorga a los ejecutivos autónomos que rechazan la aplicación del real decreto ley, llegando algunos a ejercer acciones legales contra el mismo, y en la práctica "han dispuesto las herramientas necesarias para asegurar la asistencia a este colectivo en todas las circunstancias".

Aragón, Baleares, Castilla-la Mancha y Madrid son las comunidades, según la organización, en las que "más casos y de más gravedad se han recogido. Los ejemplos recopilados van desde el enfermo crónico al que se reclama el pago por diálisis hasta situaciones de falta de tratamiento post-quirúrgico, pasando por la denegación de atención a una mujer con un embarazo de alto riesgo".

Asimismo, indica que se han registrado casos de denegación de atención sanitaria en todas las comunidades, incluso en las calificadas como de color verde, "aunque habitualmente en ellas la disposición a solucionarlos es favorable".

La casuística documentada por Médicos del Mundo a través de su presencia en doce comunidades autónomas es muy diversa y refleja, insiste Médicos del Mundo, una situación caótica en la aplicación del modelo sanitario.

Además, señala que la vaguedad del real decreto fomenta la informalidad en su desarrollo y genera desigualdad tanto entre distintas comunidades autónomas cómo entre los diferentes centros sanitarios dentro de las mismas.

Derivación a pacientes de un servicio a otro, respuestas contradictorias, rechazo a la tramitación de la tarjeta sanitaria aun cuando la persona afectada tenía derecho a ella y negación de atención a embarazadas y menores son algunas de la denuncias que contiene el documento.