Aunque mostró “cautela” a la espera de conocer la concreción de las medidas, Borra, en una nota de prensa, valoró que se estudien vías de financiación para paliar una parte de la pérdida de poder adquisitivo que los empleados públicos han sufrido a lo largo de los últimos años y que se eleva ya al 30%.

Para CSI-F, se trata de una decisión “necesaria y razonable” y que por encima de todo, parece evidenciar un cambio en la sensibilidad de las administraciones públicas hacia los empleados públicos.

CSI-F y otros sindicatos y asociaciones profesionales presentes en el sector público analizarán mañana vías jurídicas y un modelo de reclamación de la paga extra de Navidad en el conjunto de las comunidades autónomas.