En rueda de prensa, la secretaria de Estado subrayó que su valoración a esta medida del Ejecutivo vasco “no puede ser más que negativa”, pues es contraria a una legislación básica aprobada para todas las administraciones públicas.

Además, recordó que se trata de una competencia del Estado y que no se puede actuar de manera contraria a la misma.

Preguntada por las actuaciones que se van a llevar cabo, Fernández Currás indicó que “no me corresponde a mi tomar esa decisión”.

Cabe recordar que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas envió al resto de administraciones el pasado mes de septiembre una nota aclaratoria relativa a la aplicación por las entidades locales del artículo 2 del Real Decreto Ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria.

Dicho artículo establece la obligación de reducir las retribuciones anuales de 2012 del personal al servicio del sector público en el importe correspondiente a la paga extraordinaria a percibir en el mes de diciembre.

Además, según la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, en ese ejercicio las retribuciones del personal al servicio del sector público “no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011”.

De esta manera, en la nota de Hacienda se indica que la adopción de actos o acuerdos que supongan el incremento de cualquier concepto retributivo que tengan como efecto el incumplimiento de las obligaciones indicadas “podrán ser objeto de impugnación”.

Ello, al amparo de lo dispuesto en la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local, y demás normativa aplicable, “por tratarse de actos dictados con infracción del ordenamiento jurídico vigente”.