Según denuncia, "están olvidadas en las políticas, acciones y medidas que se desarrollan para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer".

A través de un manifiesto, señala que "dos tercios de las mujeres con discapacidad están por encima de los 60 años, y muchas de ellas viven en entornos cerrados y segregados, mayoritariamente geriátricos y psiquiátricos, sin poder decidir sobre cuestiones básicas de su vida diaria", y además, "son más pobres", como consecuencia de no haber tenido una vida laboral activa. "Esto supone una mayor exposición a sufrir violencia y abuso", añade.

Para el Cermi, las manifestaciones de esta violencia hacia mujeres mayores con discapacidad pueden ser tanto el abuso físico, el sexual o psicológico, o por medio de la explotación económica y el abandono, siendo los agresores, en no pocos casos, sus familiares u otras personas encargadas de su cuidado.

Asimismo, alerta sobre el grupo de mujeres mayores con discapacidad intelectual o psicosocial, y aquéllas que, como consecuencia de la edad, adquieren un deterioro cognitivo o de otro tipo, ya que "están expuestas a un mayor riesgo de sufrir violencia", y, además, la mayoría "están sometidas a una situación de incapacitación legal, que las invalida para poder acceder a la justicia y denunciar".

Por ello, el Cermi solicita que se adopten las medidas necesarias a través de la prestación de asistencia y apoyos adecuados en la comunidad que tengan en cuenta sus necesidades específicas, con el objetivo de evitar el aislamiento y el confinamiento en el hogar; o que se proporcione una formación adecuada para prevenir, reconocer y denunciar casos de explotación, violencia y abuso.

También plantea que se promueva entre el personal y los profesionales de los servicios de protección su formación en las necesidades concretas de las mujeres mayores con discapacidad, desde una perspectiva de derechos humanos, que garantice su autodeterminación para la toma de decisiones; y que se pongan en marcha sistemas de detección precoz.

Por último, el Cermi reclama que se adopte una legislación y unas políticas efectivas, incluidas las centradas en la mujer mayor, para asegurar que los casos de explotación, violencia y abuso contra las mujeres con discapacidad "sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados".