Según CSI-F, “la norma elimina la posibilidad de comparecer al personal funcionario por sí mismo en defensa de sus derechos laborales, estableciendo la obligación de acudir con abogado y procurador, y, por tanto, asumiendo su coste”. Este sindicato afirma que “el resto de trabajadores sí que pueden personarse sin esta representación” legal.

Esta organización sindical añade que la Ley de Tasas “también discrimina a los empleados públicos respecto del resto de trabajadores en materia de exenciones de la tasa”, ya que el personal funcionario “está exento sólo del pago de la tasa en la primera instancia, debiendo abonar el cien por cien cuando recurre a la segunda instancia o en casación (800 y 1200 euros, respectivamente)”.

Además, CSI-F afirma que “la cuantía de la tasa en segunda instancia y casación es sensiblemente superior para los funcionarios”. En concreto, “un funcionario pagaría 600 euros de más en segunda instancia y 900 euros de más en casación”.

Finalmente, este sindicato destaca que aunque “no es el objeto” de la Ley de Tasas, “el Gobierno regula a través de la disposición final cuarta las especificidades de la paga extra de Navidad para el colectivo de empleados públicos adscritos en el régimen de clases pasivas (Muface, Mugeju e Isfas), que deberán cotizar por la citada paga extra aunque no la cobren”.

CSI-T explicó que “se trata de la inmensa mayoría de funcionarios pertenecientes a la Administración, las Fuerzas Armadas y la carrera judicial, fiscal y de secretarios judiciales, cuyas cuantías de cotización se deberán abonar doblemente durante el mes de diciembre”.