El Cermi denunciará ante la defensora del Pueblo desatención de la Complutense al alumnado con discapacidad

- La UCM indica que ya no cuenta con la colaboración de la institución privada que le facilitaba técnicos especializados y dice que es pionera en promover la igualdad de oportunidades

MADRID
SERVIMEDIA

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) anunció hoy en un comunicado que denunciará ante la defensora del Pueblo la decisión de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) de retirar recursos de apoyo a varios estudiantes con discapacidad con "grandes" necesidades de apoyo, que venían recibiéndolos hasta ahora, lo que a su juicio “pone en peligro la continuidad de este alumnado en la enseñanza superior”.

Por su parte, la Complutense indicó en una nota de prensa que es pionera en promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, pero ya no cuenta con "la generosa colaboración" de la institución privada que le facilitó técnicos especializados para prestar el mencionado servicio sanitario o de acompañamiento durante casi dos años y que, por lo tanto, no puede hacer frente al gasto que supondría contratarlo ahora.

La organización madrileña de personas con discapacidad Famma-Cocemfe denunció que los responsables de la Complutense han suprimido un apoyo que resulta "esencial" para que determinados alumnos con discapacidad puedan seguir "con normalidad" su proceso educativo.

Para el Cermi, esta decisión supone "una agresión a los derechos más básicos a la inclusión educativa que asisten a los estudiantes con discapacidad", protegidos tanto por la legislación universitaria como por la normativa en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad.

Por ello, el comité, como organismo independiente de seguimiento de la Convención de la ONU, formulará una queja ante la defensora del Pueblo denunciando estas "prácticas excluyentes", al tiempo que pedirá a la Oficina Permanente del Consejo Nacional de la Discapacidad que analice esta conducta de la universidad madrileña para valorar si comete una infracción de los derechos de las personas con discapacidad merecedora de sanción administrativa según la Ley de Infracciones y Sanciones.

RESPUESTA DE LA COMPLUTENSE

La UCM recordó en una nota que ya no cuenta con "la generosa colaboración" de la institución privada que le facilitó técnicos especializados para prestar el mencionado servicio sanitario o de acompañamiento durante casi dos años y que, por lo tanto, no puede hacer frente al gasto que supondría contratarlo ahora.

Porque, argumenta la UCM, este tipo de asistencias solo pueden desarrollarlas personal técnico cualificado, de ahí que la Complutense continúe buscando el apoyo de otras organizaciones públicas y privadas para poder dar la máxima ayuda a estos estudiantes.

La Universidad Complutense entiende que la Ley de Dependencia es la que ha de proveer a estos ciudadanos con los recursos humanos o materiales necesarios para cubrir estas necesidades "constantes y diarias". Y es que, apunta la institución, "estas necesidades de atención sociosanitaria son necesidades que los estudiantes tienen durante las 24 horas del día, independientemente de que se encuentren en sus hogares, en un centro asistencial, en un lugar de ocio o en la Universidad".

No obstante, la UCM asume que sí es obligación de cualquier establecimiento o institución en la que se encuentren estudiantes con discapacidad, como es el caso de la UCM, disponer de las adaptaciones arquitectónicas necesarias para que, con los medios habituales con los que cuentan estos ciudadanos en su vida cotidiana, puedan satisfacer sus necesidades fisiológicas. "Y así están dispuestas estas adaptaciones en todos los Centros de la Universidad Complutense de Madrid", asegura el comunicado.

Por otra parte, la Complutense indica que "es pionera" en la promoción de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el ámbito universitario y presta tareas de apoyo individualizado a todos y cada uno de los 657 estudiantes con discapacidad física o psíquica que cursan sus estudios en alguna de sus facultades.

Con el objetivo de conseguir su plena integración universitaria, prosigue la UCM, la Complutense desarrolla "un importantísimo número de ajustes y adaptaciones curriculares no significativas no exigidas por ley". Y lo hace, asegura, "con sus recursos propios, puesto que ni la Administración autonómica ni la estatal destinan ninguna partida presupuestaria a los ajustes razonables que define en su artículo 7 la Ley de Igualdad, No Discriminación y Accesibilidad Universal (Liondau)".

(SERVIMEDIA)
22 Nov 2012
RBA/IGA/caa