Así lo expuso este jueves Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de Amnistía Internacional en España, quien expresó su reconocimiento tanto a la ley como a todos los profesionales del sector, si bien lamentó los escasos esfuerzos a la hora de investigar estos casos.

Según la coordinadora del informe, María Naredo, estos delitos, sobre todo cuando no hay marcas físicas, “son difíciles de probar”, y “hemos detectado falta de diligencia en la investigación de estas denuncias en el juzgado, incluso en los especializados”. “No se instruye de oficio (a petición de los fiscales)”, afirmó, y en muchas ocasiones los abogados no prestan toda la dedicación que deberían.

“Las únicas pruebas que el juez recaba son las que aporta la propia víctima (como los partes de lesiones)”, pero "raras veces se envía a agentes o se piden pruebas periciales”, subrayó.

En su opinión, ello deriva en un alto índice de sobreseimientos (48.000 en 2011), lo que supone el 45% de las denuncias presentadas en los juzgados de violencia.

Además, la mitad de las denuncias que sí prosperaron resultaron absolutorias, prosiguió, ”en general por falta de pruebas”. También el 36,7% de las órdenes de protección demandadas en 2011 se denegaron, una tendencia que va en aumento desde 2005, según Naredo.

En su opinión, “a lo largo del proceso judicial no se trata con respeto a la víctima ni se le permite expresarse como quisiera”. El informe revela de hecho que para la inmensa mayoría de ellas, “el proceso judicial fue el paso más traumático” de todos los que implica romper con la violencia, no así el trato recibido de la policía o la atención de los servicios sociales.

“Las historias de malos tratos son muy largas, y a las víctimas, que llegan en estado de shock, no se les deja hablar suficiente ni expresarse”, afirmó Naredo.

Otros obstáculos que identifica Amnistía son la falta de acceso a la información, sobre todo entre las mujeres con discapacidad y las inmigrantes, y las dificultades para conseguir abogados especializados, situación que además "se ve agravada por la crisis”.

La investigación documenta casos de mujeres inmigrantes a las que no se les proporcionó intérprete, y entre otros relata el caso de Caren, una ecuatoriana que fue deportada pese a tener en vigor una orden de protección, pues nadie le informó de que esta medida suspendía cualquier proceso de expulsión y sus abogadas (de extranjería y de violencia de género) “no hablaron entre sí”.

CONTRADENUNCIAS

Finalmente, el informe alerta del fenómeno de las "contradenuncias”, una “tendencia creciente” en la que el supuesto agresor presenta a su vez denuncia contra la mujer. Como resultado de esta práctica, ambas partes se sitúan en la misma situación, y en 2011 ya hubo 500 mujeres condenadas solo en los juzgados de violencia de género.

Para Eva, una víctima que hace más de dos años presentó su primera denuncia y que ha visto cómo todas sus iniciativas eran sobreseídas, “llegar a un juzgado como denunciada lo cambia todo”, y de hecho muchos agresores utilizan esta estrategia para desactivar el proceso.

Atentado al honor (esto es, las llamadas denuncias falsas) y partes de lesiones en el hombre que “hacen parecer la reclamación de la mujer el resultado de una riña habitual” son los argumentos más comunes en estas “contradenuncias”, afirmó Naredo.

A su juicio, “detrás de ello está de nuevo la falta de investigación”, pues es muy costoso averiguar qué es lo que realmente ha ocurrido “y muchos jueces optan por decisiones salomónicas: o condenar a los dos o absolverlos a ambos”.

Eva lo tiene claro: “El problema es que no nos creen, que los abogados piensan que denunciamos por razones económicas o para conseguir papeles”.