El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca dará ahora traslado de la petición a las defensas de Urdangarin y Torres y a las demás partes personadas para que puedan presentar alegaciones en un plazo todavía por fijar, según informaron desde el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB).

Una vez cumplido este tramite, el juez Castro decidirá si decreta o no la medida cautelar solicitada y en qué cuantía. Los fiscales Anticorrupción encargados del caso, Pedro Horrach y Juan Carrau, han presentado esta mañana ante el juzgado de Palma de Mallorca un escrito en el que solicitan la imposición de la fianza en el marco de la causa que investiga la presunta participación del yerno del Rey en la trama de captación y desvió de fondos públicos a través del Instituto Nóos.

Este tipo de fianza se impone a los imputados para que puedan hacer frente a las responsabilidades civiles si son condenados y su cuantía representa la cantidad supuestamente defraudada más un tercio.

La acusación popular ejercida por Manos Limpias también ha presentado esta mañana ante el Juzgado de Castro un escrito solicitando fianza de responsabilidad civil para los dos principales imputados de la causa.

DINERO DEFRAUDADO

Los fiscales Anticorrupción han solicitado la fianza tras haber analizado la documentación contable incorporada a la causa para determinar qué facturas atribuidas al yerno del Rey son legales y cuales no. Este análisis se ha realizado teniendo como referencia los informes periciales y de la Agencia Tributaria.

La cuantía de la fianza, que deberán pagar a partes iguales Urdangarin y Torres, ha sido calculada en base al dinero que han supuestamente defraudado a través de la trama de empresas relacionadas con el Instituto Nóos. A este dinero captado supuestamente de forma ilegal –uno 6 millones de euros- se le ha añadido un tercio de la cantidad total, según establece el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).

Los cerca de 6 millones de euros fueron obtenidos principalmente a través de los servicios –conferencias, seminarios y jornadas- que el marido de la Infanta Cristina y su socio realizaron para varias administraciones públicas como los Gobierno de la Comunidad Valenciana o de las Islas Baleares.

Según la Fiscalía Anticorrupción, el yerno del Rey y Torres cobraban a las administraciones precios ‘inflados’ muy superiores a los gastos generados por los servicios prestados.

El juez Castro debe ahora decidir si impone la fianza de responsabilidad civil a los dos principales imputados por el ‘caso Nóos’ y determinar la cuantía final. Si no pueden hacer frente a la cantidad de dinero, el magistrado podría decretar el embargo de los bienes e inmuebles de Urdangarin y Torres.