Las organizaciones lamentan "profundamente los cambios unilaterales en la política migratoria que se han llevado a cabo en los últimos meses, basados en una concepción utilitarista de las personas y que han ido dirigido a identificar a las personas inmigrantes con los causantes de la crisis, y exige una vez más a las autoridades competentes a retomar el diálogo social y el respeto por los Derechos Humanos y con los Tratados Internacionales suscritos por España, como bases para la implantación de políticas públicas", afirman en un comunicado.

"Entendemos que la integración social de las personas inmigrantes se debe promover a través de la integración y la construcción conjunta de un modelo de sociedad intercultural y no sólo desde un punto de vista económico".

"Ligar el concepto de ciudadanía a la capacidad económica y a la propiedad es algo totalmente inaceptable, discriminatorio que genera brechas sociales y que puede tener consecuencias negativas para la correcta convivencia intercultural en nuestras ciudades, en la medida que categoriza a las personas en función de su estatus económico, exigiendo a unas personas trabajar, cotizar en nuestro país para mantener su situación administrativa y a otras únicamente se les exige la compra de un bien inmueble", agrega el comunicado.

Sostienen esta cuatro ONG que con esta medida, y con otras adoptadas en los últimos meses, "como la reforma sanitaria, queda suficientemente claro que al Gobierno central no le interesa la convivencia intercultural, el arraigo social o el sentimiento de pertenencia a nuestro país, sino que la única cuestión que le interesa es la monetaria y la visión utilitarista de las personas".