La petición, que se presentará por escrito ante el instructor del caso, el juez de Palma de Mallorca José Castro, se formalizará muy probablemente este miércoles. Este tipo de fianza se impone a los imputados para que puedan hacer frente a las responsabilidades civiles si son condenados y su cuantía representa la cantidad supuestamente defraudada más un tercio.

Los fiscales Anticorrupción encargados del caso, Pedro Horrach y Juan Carrau, pedirán la fianza tras haber analizado la documentación contable incorporada a la causa para determinar qué facturas atribuidas al yerno del Rey son legales y cuáles no. Este análisis se ha realizado teniendo como referencia los informes periciales y de la Agencia Tributaria.

La cuantía de la fianza, que deberán pagar a partes iguales Urdangarin y Torres, ha sido calculada en base al dinero que han supuestamente defraudado a través de la trama de empresas relacionadas con el Instituto Nóos. A este dinero captado supuestamente de forma ilegal –unos seis millones de euros- se le ha añadido un tercio de la cantidad total, según establece el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).

Los cerca de seis millones de euros fueron obtenidos principalmente a través de los servicios –conferencias, seminarios y jornadas- que el marido de la infanta Cristina y su socio realizaron para varias administraciones públicas, como los gobiernos de la Comunidad Valenciana o de las Islas Baleares.

Según la Fiscalía Anticorrupción, el yerno del Rey y Torres cobraban a las administraciones precios ‘inflados’ muy superiores a los gastos generados por los servicios prestados.

El juez Castro debe ahora decidir si impone la fianza de responsabilidad civil a los dos principales imputados por el ‘caso Nóos’ y determinar la cuantía final. Si no pudieran hacer frente a la cantidad de dinero exigida, el magistrado podría decretar el embargo de los bienes e inmuebles de Urdangarin y Torres.