Según informó la Policía, han sido detenidas 48 personas, de las que 42 son marroquíes. La organización ilegal habría ocasionado un fraude de 300.000 euros a las arcas públicas.

El fraude permitía a los compradores de los falsos contratos solicitar o renovar permisos laborales y de residencia, así como completar periodos para obtener subsidios por desempleo. Tras constituir empresas ficticias a nombre de “testaferros”, ofrecían contratos de trabajo fraudulentos a ciudadanos extranjeros a cambio de 500 euros

Esta operación es consecuencia directa de otra actuación llevada a cabo o a mediados del presente año contra el fraude en las prestaciones y subsidios por desempleo. En esta redada anterior se detuvo a 150 personas e imputado a otras 277.

La información obtenida entonces ha permitido detener ahora a otras 48 personas en diversas localidades de las provincias de Barcelona (39), Gerona (1) y Castellón (8).

TESTAFERROS

En este caso, la trama desarticulada disponía de un grupo de 30 empresas ficticias y sin actividad laboral real, constituidas a nombres de “testaferros” procedentes de sectores marginales y de exclusión social.

A través de estas sociedades se presentaban sucesivas altas y bajas de trabajadores en la Seguridad Social, en ocasiones contratados por varias de las mercantiles, pero sin cumplir la obligación legal de cotizar por sus seguros sociales. Los contratos de trabajo fraudulentos eran ofrecidos a ciudadanos extranjeros a cambio de 500 euros, lo que les permitía solicitar o renovar el Permiso de Trabajo y Residencia.

En muchos casos, el fraude permitía a los “trabajadores” acumular los mínimos periodos de carencia legalmente establecidos o completarlos, para obtener las preceptivas prestaciones por desempleo.

La investigación ahora finalizada se salda con la detención de un total de 48 personas, 42 de ellas de origen marroquí y el resto de diferentes nacionalidades. Todos los arrestados estaban en situación administrativa totalmente regular y se les imputan los presuntos delitos de falsedad documental, estafa y contra la Seguridad Social. El fraude ocasionado a las arcas públicas asciende a 300.000 euros

La operación ha sido realizada por el Grupo 7º de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Barcelona, en colaboración con las UCRIF de las Comisarías Provinciales de Gerona y Castellón.