La discapacidad y la dependencia figuran en esta nueva normativa, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado, como situaciones dignas de protección social máxima en este tipo de procesos de desahucio, atendiendo a la extrema vulnerabilidad que presentan estos grupos sociales.

Ante el grave problema social creado por la generalización de desahucios, el Cermi venía reclamando una respuesta legal contundente que en todo caso debía contemplar la discapacidad y la dependencia como estado social de gran vulnerabilidad, con el fin de concederles una mayor protección.

Según indica el Cermi en una nota, "este real decreto ley es un avance en este sentido, que espera pueda ser todavía completado y mejorado en la tramitación parlamentaria que se abrirá en las próximas semanas, para lo cual la plataforma representativa de la discapacidad planteará propuestas a los grupos parlamentarios".