Este dato se circunscribe por lo tanto a los funcionarios a la Audiencia Nacional, al Tribunal Supremo, a los servicios centrales de la administración de justicia y a las cinco comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en esta materia: Murcia, Baleares, Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

La cifra no incluye a los jueces y fiscales, cuyo derecho a la huelga no está regulado normativamente, ni a los secretarios judiciales, según explicaron fuentes del Ministerio. En los servicios centrales el seguimiento de la huelga por parte de los funcionarios es 24,01 por ciento, según los datos del departamento dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón.

En los servicios periféricos, el seguimiento ha sido de 9,25 por ciento; en el Centro de Estudios Jurídicos, del 39,13 por ciento; en la Agencia Española de Protección de Datos, del 31,65 por ciento; y en la Mutualidad General Judicial, del 19,05 por ciento.