La diputada Libertad Martínez dijo que desde 2007 y hasta 2011 ha habido en España 328.687 procedimientos de ejecución hipotecaria y en la Comunidad de Madrid más de 40.000 personas han sido desahuciadas, lo que pone de manifiesto un comportamiento abusivo, cuando no un fraude de ley de las entidades financieras.

Asimismo, denunció que, a pesar de las movilizaciones de la Plataforma de Afectados por Hipotecas, sea ahora cuando el PP y el PSOE, excluyendo al resto de grupos del Congreso de los Diputados, se ha puesto de acuerdo para llevar a cabo una reforma que palie esta situación, cuando han votado reiteradamente en contra de las propuestas de IU en este sentido.

En esta PNL, insta también al Gobierno regional que se dirija al Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy para que incluya en la reforma la posibilidad de que los propietarios de viviendas embargadas puedan hacerse cargo de su deuda en condiciones justas y sin perder el acceso a una vivienda justa.

La citada iniciativa también incluye la creación, en el plazo de tres meses, de un procedimiento rápido y económico que permita la liquidación de la deuda hipotecaria mediante la dación en pago de la finca hipotecada y que dicha vivienda pueda ser utilizada durante un periodo de tiempo determinado a partir de un contrato temporal de acuerdo a su capacidad adquisitiva.

IU defiende una reforma de la legislación hipotecaria y mercantil que limite la concesión de las futuras hipotecas, de forma que no se comprometa más del 30% de los ingresos del hipotecado, por un plazo máximo de 30 años y que la hipoteca no supere el 80% del valor de la vivienda, así como limitar los intereses de demora por impago.

Otra de las propuestas es establecer las cantidades mínimas por las que se podrá adjudicar la vivienda embargada en el proceso hipotecario, estableciendo una relación con el importe de la tasación del bien embargado en el momento de la suscripción de la hipoteca para que el riesgo del cambio del valor de la vivienda no recaiga únicamente en el deudor.

En relación a las entidades financieras participadas por el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) con recursos públicos se solicita que se ponga en marcha de forma inmediata la aplicación de la dación en pago como forma de liquidación de la deuda cuando se trate de la vivienda habitual sea cual sea el momento en que se suscribió la hipoteca.

También se exige utilizar el stock de viviendas en manos de las entidades financieras participadas por el FROB para la creación de un parque de vivienda que se ponga a disposición de las familias que hayan sufrido un proceso de ejecución hipotecaria y no dispongan de recursos suficientes para garantizarse su acceso a una vivienda digna.