Así lo manifestó en el transcurso de su ponencia 'La adaptación normativa en el ámbito de la Justicia a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: cuestiones pendientes', en el marco de la sesión de trabajo 'Las reformas en materia de justicia: una oportunidad para los derechos de las personas con discapacidad', organizado por el Cermi y la Fundación Derecho y Discapacidad.

El encuentro se ha celebrado en la Fiscalía General del Estado con el objetivo de plantear reformas en este ámbito desde el punto de vista normativo, a la luz de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Durante su intervención, Ganzenmüller indicó, en relación al procedimiento de modificación de la capacidad, que las reformas legislativas anunciadas por el Estado español apuntan al Código Civil para revisar las leyes que regulan la guardia y tutela y valoran medidas para adoptar leyes y políticas por las que se reemplacen los regímenes de sustitución en la adopción de decisiones, por una asistencia para la toma de decisiones que respete la autonomía, la voluntad y las preferencias de las personas, proporcionado formación sobre esta cuestión a todos los funcionarios públicos.

Además, hizo referencia al Informe del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad presentado en Ginebra en 2011, ya que, según consideró, es "fundamental" para determinar dónde estamos y señala las recomendaciones que España, como firmante de la Convención, debe cumplir. Según indicó, este informe implica directa o indirectamente a todas las personas "que trabajamos en el ámbito de la justicia".

Este informe también establece la revisión de las disposiciones legislativas que autorizan la privación de libertad por motivos de discapacidad, para que se deroguen las disposiciones que autorizan el internamiento forzoso a causa de una incapacidad manifiesta o diagnosticada y que adopte medidas para que los servicios médicos se basen en el consentimiento otorgado con conocimiento de causa por el interesado.

Por otra parte, el informe del Comité incide también en la problemática de las mujeres, niñas y niños y personas mayores con discapacidad, por su doble vulnerabilidad, en lo que respecta a su participación real en todos los órdenes, el principio de igualdad, el derecho de audiencia, pero también a ser informados, no sólo escuchados, así como a sus desigualdades regionales. Asimismo, pidió tener confianza en esos medios de apoyo y alertó sobre el problema estadístico en esta materia.

Según apuntó, la Convención debe seguir difundiéndose y aplicándose, gracias a la coordinación de todos, y señaló como reto europeo la elaboración de una nueva Estrategia Europea de la Discapacidad 2011-2020, como marco en el que la Justicia se debe mover.

Por su parte, durante el acto de apertura de la sesión, el fiscal de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo José María Paz Rubio comentó que “con la crisis se están desmantelando los servicios sociales, debido a la confusión existente entre el poder legislativo y ejecutivo”, por lo que, en este sentido, apostó por la vía judicial para ir avanzando y evitar el desmantelamiento del Estado de bienestar y social.

Asimismo, el presidente del Cermi y de la Fundación Derecho y Discapacidad, Luis Cayo Pérez Bueno, dijo que en estos momentos de reformas en lo relativo a la Justicia, “hay que incidir en el papel de las personas con discapacidad para avanzar en la protección de sus derechos”, con el objetivo del "cumplimiento real y efectivo de la Convención”.