La OCU considera “insostenible” la situación de más de 300.000 familias desahuciadas, cuando las entidades financieras, “corresponsables de esta dramática situación, siguen persiguiendo al deudor y se quedan con viviendas que no necesitan ni venden, en un mercado saturado de oferta”.

Aunque sin pretender que “el deudor se desvincule de sus deudas contraídas”, la OCU “sí exige que se tomen medidas para evitar que estas aumenten exponencialmente y que el deudor se vea compelido a una situación de exclusión social total”.

“Del mismo modo, la organización solicita que se articulen medidas para que la entidad financiera contribuya a encontrar una solución a un problema del que incuestionablemente es parte”, indica en una nota. A su juicio, “se trata de priorizar que el deudor pueda quedarse en la vivienda, si lo desea”.

Ante esta situación, la OCU propone tres medidas, que pasan por acotar el concepto de insolvencia sobrevenida, de manera que los que no hayan podido evitar la situación de insolvencia “gocen de una especial protección”; evitar la ampliación desproporcionada de la deuda fijando, entre otros, un interés máximo a pagar en caso de impago de la hipoteca; y evitar el desalojo de la vivienda y su infravaloración a efectos de cálculo de la deuda pendiente tras la ejecución, reconociendo al desahuciado un derecho preferente de arrendamiento de dicha vivienda, por un plazo mínimo de 10 años y por un importe máximo del 2% anual del valor de adjudicación, actualizable al IPC. La OCU entiende que las entidades financieras podrían estar compensadas fiscalmente por esta obligación.