En un informe realizado conjuntamente con la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (Monuc), Pillay justificó esta exigencia para que estas personas "puedan realizar libremente su trabajo sin riesgo de interferencia, discriminación, amenaza o represalia".

Este informe pone de relieve la difícil situación de los defensores de los derechos humanos en este país e incluye recomendaciones para las autoridades del país y a la comunidad internacional.

Entre estos consejos, el informe insta al Gobierno congoleño a garantizar la protección de los abogados y defensores de derechos humanos, incluidos los periodistas, con la adopción de leyes y teniendo en cuenta las normas internacionales.

También exhorta al Ejecutivo de este país a "condenar públicamente los asesinatos y otras graves violaciones de los derechos humanos perpetradas contra defensores de derechos humanos".

Además, reclama a las autoridades congoleñas que garanticen la independencia del poder judicial y que modifiquen la legislación sobre los tribunales militares con la restricción de su jurisdicción a los delitos sólo cometidos por los militares o la policía.

En cuanto a la comunidad internacional, el informe pide reforzar el apoyo técnico y logístico a las instituciones judiciales congoleñas y la creación de capacidad operativa para todos los miembros del poder judicial, civil y militar.

"Todos debemos llevar a cabo, con las autoridades congoleñas políticas y judiciales, la independencia y la integridad de la justicia y el cumplimiento estricto del principio del derecho a un juicio justo", comentó Pillay.