Así consta en una moción consecuencia de interpelación urgente registrada para su debate en el Pleno del Congreso de los Diputados, según informó este viernes UPyD.

La moción pretende también que dichos acusados tampoco puedan “seguir ostentando cargos públicos”, por lo que reclama que, para ambos casos, se lleven a cabo “las reformas necesarias para incluir tales supuestos como causas de inelegibilidad e incompatibilidad” en la legislación española.

“Dicho impedimento redundaría no solo en beneficio de las propias instituciones democráticas, sino también en el propio acusado, que podría defenderse en el correspondiente juicio sin indeseables interferencias políticas o mediáticas”, explica UPyD en la exposición de motivos de su moción.

Además, reclama que “se elimine la exención de que disfrutan los partidos políticos y sindicatos del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el vigente Código Penal”.

Esta medida, sostiene UPyD, “colaborará sin duda a que los mismos empiecen a cumplir los deberes que objetivamente les competen de persecución de la lacra de la corrupción, tales como el establecimiento de filtros y medidas necesarias para erradicar a los corruptos de sus listas electorales”, por ejemplo.

INTERPELACIÓN PREVIA

Durante el debate de la interpelación urgente de la que emana esta moción, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció en el Pleno del pasado miércoles, 31 de octubre, su intención de eliminar la excepción legal que exime a los partidos políticos y los sindicatos de responsabilidad penal.

Previamente, la líder de UPyD había pedido expresamente a Gallardón que suprima el "privilegio injustificado" con el que cuentan los partidos políticos y los sindicatos al no poderles imputar una responsabilidad penal.

Gallardón recogió de inmediato la propuesta y la hizo suya. "Le digo rotundamente sí, tiene usted toda la razón. No es de recibo ni que los partidos ni los sindicatos estén exceptuados de responsabilidad penal", sentenció.

No obstante, Gallardón rechazó otras dos propuestas de UPyD para que los dirigentes políticos imputados en procesos judiciales estén obligados a abandonar sus cargos y tengan prohibido presentarse a procesos electorales.

El ministro se opuso a esta petición de Rosa Díez, pues, explicó, la figura del imputado busca garantizar la legítima defensa de los implicados, con total respeto a la presunción de inocencia.

Gallardón advirtió de que, si se aceptase ese supuesto, cualquier particular podría impedir que un político se presentara a las elecciones con el mero hecho de registrar una querella contra él poco antes de una cita con las urnas, ya que el juez se vería obligado a admitirla a trámite y a citarle como imputado para ejercer con plenas garantías su derecho a la defensa.

No obstante, el ministro abrió la puerta a que sí pueda ocurrir cuando el proceso judicial se encuentre más avanzado. En este sentido, la dirigente de UPyD aplaudió que pudiera hacerse cuando los imputados ya se encuentren en el banquillo de los acusados para afrontar el juicio oral.