La portavoz del Consejo se pronunció en contra de “anunciar reformas legales al calor del dolor de las víctimas o por acontecimientos que hayan producido una conmoción social”, ya que considera que “las normas se tienen que modificar desde el ámbito de la reflexión serena”.

“Ante situaciones novedosas que despiertan un interés mediático hablar siempre de endurecimiento o de subir las penas no es el camino”, señaló.

La portavoz del máximo órgano de gobierno de los jueces también mostró sus dudas sobre la necesidad de modificar la legislación para prohibir la captación y difusión de fotografías de agentes en el ejercicio de sus funciones. Considera en este sentido que a la labor de los periodistas “como canalizadores de la información hacia la ciudadanía” se le tiene que poner “los menos obstáculos posibles”. “Limitar el derecho a la información me preocupa, hay que hacer una adecuada ponderación de los derechos en juego”, dijo.

En el plano de las reformas legales, Bravo también criticó las nuevas tasas judiciales y dijo que se trata “de una cuestión de oportunidad tanto política como económica”. Indicó en este contexto que, en algunos supuestos, “las tasas puedan ser una medida disuasoria para el acceso a la tutela judicial efectiva”.

RELACIONES CON GALLARDÓN

Bravo dijo que el CGPJ mantiene con el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, unas “buenas relaciones” presididas por la “lealtad institucional”. Aseguró que el Ministerio “está trabajando en las distintas comisiones en anteproyectos para la reforma de la justicia”.

Sobre la posible reforma del propio Consejo, la portavoz abogó por replantearse “la configuración y la estructura” del órgano constitucional. “Creo que es positivo que se plantee una revisión de un órgano que está en funcionamiento desde hace ya mas de 30 años”, dijo.

CRISIS “DÍVAR”

Bravo también tuvo palabras para la crisis vivida en el seno del CGPJ en relación con los viajes que el anterior presidente, Carlos Dívar, cargó a las cuentas de la institución. “El CGPJ vivió la etapa más crítica de toda su historia”, subrayó antes de reconocer que “la batalla mediática se perdió desde el principio”.

“Fue una mala gestión por parte que quien tenía responsabilidad de enfrentarse a ella para explicar a la ciudadanía que es lo que estaba sucediendo”, dijo en referencia a Dívar.

La portavoz señaló que desde entonces “han cambiado muchas cosas” y los vocales han aprendido que forman parte de “una institución que se debe a la ciudadanía y que tiene que ser lo más transparente posible”.

Finalmente, Bravo aseguró por último que el Consejo va “a seguir apostando” por facilitar el acceso de las personas con discapacidad a la administración de justicia.