Según explica el Gobierno, el anteproyecto da respuesta a problemas muy diversos que se producen en este ámbito, ya sea para la mejor protección del patrimonio subacuático, la lucha contra la contaminación o la extranjería y la inmigración.

En lo relativo a los polizones, por ejemplo, refuerza la responsabilidad de los capitanes de buque tanto para impedir su connivencia en el embarque como para que se les proporcione un trato digno.

Las normas de derecho público del proyecto se inspiran en la Convención de Derecho del Mar de las Naciones Unidas de 1982 y suponen la formulación, por primera vez, en la legislación marítima española de una regulación básica muy completa y sistemática de policía administrativa.

El Ejecutivo destaca que la nueva normativa permitirá una mejor intervención de la Administración en la defensa de la seguridad marítima y del salvamento de la vida humana en el mar, así como de los intereses medioambientales y costeros, debido a la especial relevancia cobrada por la seguridad de la navegación y la tutela del medio ambiente.