La portavoz dijo que el CGPJ aspira a que la crisis institucional abierta después de que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, anunciase su intención de convocar un referéndum sobre la independencia se resuelva “desde del consenso, el diálogo, de una forma sosegada y dejando a un lado las confrontaciones”.

Bravo también hizo hincapié en la falta de legitimidad de la Generalitat de Cataluña para convocar una consulta popular y señaló que la legislación establece que “es el Gobierno el competente para poder autorizar un referéndum, que lo tiene que convocar el Rey”.

“Sigo confiando en la responsabilidad de quienes están al frente de las instituciones para que esta crisis pueda ser solucionada una vez finalice el periodo electoral y se dé una salida que sea buena para los catalanes y para los españoles”, dijo.

La portavoz del CGPJ aseguró, además, que las sentencias del Supremo sobre la igualdad del catalán y el castellano en las escuelas de Cataluña “tienen que cumplirse”, ya que, de lo contrario, se pueden “generar delitos de desobediencia”.