Así lo indicaron este miércoles fuentes del Ministerio de Hacienda, que subrayaron que esto “se debe a la conciencia fiscal” de los ciudadanos, que están más sensibilizados con el problema del fraude.

En concreto, la cifra en 2009 fue de 640, para pasar a 610 en 2010 y a 646 en 2011. Hasta mediados de octubre de 2012, la cifra es de 997.

”La gente está denunciado con fundamento, no porque le caiga mal el vecino”, señalaron desde Hacienda, para agregar que “una buena información viene de quien conoce el fraude”, aunque no quiere decir que esté implicado o no en el mismo.

Por otra parte, respecto a la “Operación Emperador”, comentaron que “pensamos seguir actuando y hay actuaciones en marcha” relacionadas con el comercio al por menor de importaciones chinas de bajo valor.

Además, quisieron recordar que “no es la primera vez” que se hacen operaciones en esta actividad, y subrayaron que “cuando uno tiene indicios, obtener pruebas no es sencillo, pero es un hilo del que empezar a tirar”.

NUEVA LEY

La Ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude entra en vigor este miércoles, tras su publicación en el BOE.

En todo caso, será a partir del próximo 19 de noviembre cuando no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes actúe en calidad de empresario, con un importe igual o superior a 2.500 euros.

En próximas fechas se habilitará una sección en la página web de la Agencia Tributaria para presentar las denuncias sobre el pago en efectivo.

En este sentido, cabe recordar que el contribuyente que voluntariamente comunique el pago en efectivo a la Administración antes del transcurso de tres meses será exonerado de la sanción.

El incumplimiento de la medida supone una infracción administrativa tanto para el pagador como el receptor, con una sanción del 25% del valor.

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, explicó este miércoles que se trata de la norma de lucha contra el fraude “más ambiciosa de la Democracia”, con ella se dota a la Agencia Tributaria de “instrumentos legislativos novedosos y más potentes” y que “transmite a la sociedad el mensaje de que el Gobierno está fuertemente comprometido” en esta materia.

Además, llamó la atención sobre los “efectos muy nocivos” que tiene el fraude fiscal, la importancia de. “reproche social” a los defraudadores y aseguró que la Agencia Tributaria está “más activa que nunca”.