La iniciativa, entonces aún en fase de borrador, fue presentada hace un mes por el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, después de debatirla con expertos y colectivos afectados, y en las últimas semanas se han modificado algunos aspectos antes de su registro como proposición de ley para ser tramitada en el Congreso.

Una de las novedades es que la “insolvencia futura” que marcaría a quienes puedan acogerse a las medidas de renegociación de su hipoteca abarcaría a todos los que destinen más del 50% de los ingresos netos familiares al pago de deudas.

La portavoz socialista en la Comisión de Vivienda, Leire Iglesias, aseguró tras registrar la iniciativa que unas 650.000 personas podrían beneficiarse directamente de esas nuevas condiciones en el futuro inmediato, unas 400.000 que ya están en riesgo de embargo, y otras 250.000 que lo estarán próximamente.

Pidió por ello al PP que permita la tramitación de la proposición cuando sea debatida y votada en el pleno, para que entre todos los grupos puedan “enriquecerla” aún más y ser después aprobada para “parar” los desahucios en España.

Cuando presentaron su iniciativa, los socialistas ya dijeron que la dación en pago podía ser “una solución” pero sólo “parcial” porque se salda la deuda pero también hay que abandonar la vivienda, y apuestan por ello por “fórmulas previas” que eviten llegar a ese punto.

Esas fórmulas se basan en las que tienen a su disposición los empresarios para renegociar sus deudas manteniendo su negocio, y empiezan por hacer obligatorio el Código de Buenas Prácticas para todas las entidades participadas por el Frob y ampliarlo para que más familias puedan acogerse a sus cláusulas.

La consecuencia inmediata es que todas esas entidades estarían obligadas a iniciar negociaciones con el deudor para evitar la ejecución de los desahucios.

Esta proposición de ley modificaría la Ley Hipotecaria, la de Enjuiciamiento Civil, la de Regulación del Mercado Hipotecario, la de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, y la de Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios.

Establece, por ejemplo, que el valor de tasación del bien a efectos de ejecución de la garantía por incumplimiento de pago no podrá ser inferior al valor de tasación que sirvió para la concesión del préstamo, y se potencia la ejecución extrajudicial de bienes hipotecados, protegiendo al deudor en las subastas.

Propone también medidas para impedir que la hipoteca sobre vivienda habitual garantice un crédito o préstamo cuyo plazo de amortización exceda los treinta años o cuyo principal supere el 80% del valor de tasación.

Incluye también facilidades para la reestructuración de la deuda, la quita en el capital pendiente de amortización y la dación en pago; y establece un procedimiento extrajudicial previo al concursal para solucionar el sobreendeudamiento sobrevenido no doloso, con la imposibilidad de iniciar la ejecución hipotecaria sobre la vivienda habitual del deudor durante la sustantación del procedimiento y el concurso de acreedores.