Esta disposición, publicada en el BOE del 13 de octubre, invade competencias de la Generalitat de Catalunya, entra en contradicción con la Ley 10/2010 d acogida de las personas inmigrantes y de las devueltas en Catalunya aprobada por el Parlamento. Así mismo vulnera varios puntos del Estatut de Catalunya, especialmente del artículo 138.1 en materia de inmigración.

Además, siempre según la Generalitat, obvia los informes de integración que pueden tramitar las comunidades autónomas gracias a los cambios introducidos en el artículo 63 de la Ley de Registro Civil, mediante la disposición adicional quinta de la última reforma de la Ley de Extranjería.