Coincidiendo con el quinto aniversario de la citada norma, la confederación recordó que, fruto de la reivindicación histórica del movimiento asociativo de la CNSE, la Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (Liondau), en su disposición final duodécima, obligaba al Gobierno a regular los efectos que surtirá la lengua de signos española, con el fin de garantizar a las personas sordas y con discapacidad auditiva la posibilidad de su aprendizaje, conocimiento y uso, así como la libertad de elección respecto a los distintos medios utilizables para su comunicación con el entorno.

A raíz de su aprobación se promulgó, hace hoy cinco años, la ley por la que se reconocen las lenguas de signos, gracias a la cual, asegura la CNSE, siete estatutos de autonomía hacen alusión específica a la lengua de signos, reconociendo y garantizando su derecho a uso y aprendizaje.

Asimismo, la promulgación de dos leyes específicas, concretamente la Ley 17/2010, de 3 de junio, de la lengua de signos catalana y la Ley 11/2011, de 5 de diciembre, por la que se regula el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera en Andalucía, "supuso un enorme avance en materia legislativa".

"La Ley 27/2007 establece una serie de medidas para garantizar los derechos de las personas sordas usuarias o no de la lengua de signos y, aunque no concreta a priori el alcance de las mismas, sí que establece en su disposición adicional quinta la necesidad de crear normas y actos de aplicación específicos que aseguren su cumplimiento", indica la confederación.

Además, señala que en la mayoría de los casos, este desarrollo normativo está por llegar tanto en materia estatal como autonómica, impidiendo que se haga efectivo a todos los niveles lo establecido en la ley, y afectando a la vida diaria de las personas sordas.

Por ello, en el quinto aniversario de la Ley 27/2007, la CNSE reclama su urgente desarrollo, así como la adopción de las medidas necesarias para hacer efectivo a todos los niveles el derecho de libre opción de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas al aprendizaje, conocimiento y uso de las lenguas de signos españolas.

Para la CNSE, es necesario también asegurar el derecho de acceso de las personas con discapacidad auditiva a los distintos medios de apoyo a la comunicación oral, en los términos establecidos en el artículo 2 de la Ley 27/2007, así como garantizar medidas para implementar la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la que se regula el derecho, en igualdad de condiciones con las demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística específica, incluidas la lengua de signos y la cultura de las personas sordas.