Ahora, la denominada Ley de Tasas continuará su tramitación en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, después de que las enmiendas de devolución fueran rechazadas por 130 votos a favor y 176 en contra.

Durante el debate de totalidad de este proyecto de ley, que se prolongó durante más de tres horas, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció que propondrá a las Comunidades Autónomas elevar el umbral para acceder a la Justicia gratuita a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y no dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), como hasta ahora.

Ruiz-Gallardón explicó que la modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita permitirá que pasen a ser titulares de este derecho los que cobren menos de 15.975 euros cuando hasta ahora sólo lo eran los que percibían hasta 14.910.

Durante el debate, señaló que de las siete enmiendas presentadas, una por cada grupo parlamentario que conforma el arco del hemiciclo de la Cámara Baja, aceptará la presentada por el Grupo Popular para introducir una nueva exención total de la tasa en los juicios monitorios cuando el asunto no supere los 2.000 euros.

Ruiz-Gallardón defendió que el proyecto de Ley de Tasas tiene una “naturaleza eminentemente social”, pues atiende a la necesidad de garantizar el sostenimiento del sistema de justicia gratuita para aquellos ciudadanos que carecen de recursos para litigar”.

Señaló que este nuevo sistema permitirá que “las tasas abonadas por los ciudadanos que sí tienen recursos” sirvan para “cubrir los costes de quienes carecen de esos recursos”.

El ministro también abogó por “racionalizar” el ejercicio de la potestad jurisdiccional para combatir el “abuso” de los recursos. Se trata, dijo, de “poner un dique a aquellos supuestos abusos como consecuencia de un afán dilatorio en el cumplimiento de las obligaciones”, dijo.

“El Estado no puede ser cómplice de maniobras dilatorias, que no digo que no sean legítimas en el derecho de defensa, pero que no pueden ser amparadas por el Estado”, añadió.

Por su parte, Marta Escudero, diputada del Grupo Parlamentario Popular, el único que anunció su apoyo al proyecto defendido por Ruiz-Gallardón, destacó el “esfuerzo por salvaguardar la justicia” del Gobierno para solventar la “lentitud y la escasa modernización” que padece la Administración de Justicia.

VUELTA A TIEMPOS PASADOS

Antonio Camacho (PSOE) manifestó que la norma defendida por Ruiz-Gallardón establece “un mecanismo que impide el libre e igualitario acceso a la administración de justicia”. “Nos lleva a tiempos que todos creíamos haber superado”, añadió.

Para Camacho, “una crisis no puede solucionarse fracturando el Estado de derecho”, reduciendo el derecho a la sanidad, a la educación y yendo ahora “a por una de las calves de arco de nuestro edificio democrático”.

Montserrat Surroca (CiU) dijo que su grupo parlamentario es partidario de que quien usa un servicio público contribuya con algo más que aquel que no lo usa. No obstante, señaló que las tasas que quiere establece el Gobierno no son racionales, pues en muchos casos son superiores al importe que se pretende reclamar.

Por parte del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural intervino Gaspar Llamazares (IU) manifestó que el proyecto defendido por Ruiz-Gallardón es un “monumento a una justicia arbitraria” que presenta una tasa “abusiva y expropiatoria” con el argumento de que es para financiar la justicia gratuita.

En este sentido, señaló que “no es verdad que la justicia sea gratis”, pues “los ciudadanos pagan impuestos en este país precisamente para financiar un servicio público universal”.

Por su parte, Rosa Díez (UPyD) señaló que tras el proyecto defendido por el ministro de Justicia se esconde un “afán recaudatorio” y “usa la crisis como disculpa para recortar un servicio público esencial”. Además, añadió que pretende también un objetivo “disuasorio” del empleo de la Justicia, pues mucha gente no podrá costearse la cuantía de las tasas que el Gobierno pretende imponer.

Emilio Olabarría (PNV) señaló que ni un solo grupo parlamentario avala este proyecto de de ley, como prueban las 7 enmienda de totalidad que se han presentado. “Tiene fuerza bruta para vencer pero no para convencer”, dijo a Ruiz-Gallardón, en referencia a la mayoría absoluta del PP.

LA SOLUCIÓN

Para Olabarría, los problemas de saturación de la Administración de Justicia se solventan con una nueva ley de planta, para la adecuación del número de jueces por cada 100.000 habitantes que se corresponda con la media europea.

Por parte del Grupo Mixto intervinieron Joan Tardà (ERC) y Olaia Fernández Dávia (BNG). El citado diputado catalán el proyecto del Gobierno “garantiza a los más pudientes el uso casi exclusivo del sistema judicial” y crea dos tipos de ciudadanos, los de primera y los segunda.

Por su parte, Fernández Dávila expresó su rechazo “frontal” a este proyecto de ley y dijo que la saturación de los juzgados que justifica el mismo se debe a la falta de medios de los juzgados, no a la excesiva litigiosidad.