El primer decreto tiene el objetivo de lograr que las cooperativas españolas crezcan en dimensión y capacidad y sean más competitivas. De esta manera, pretende corregir los problemas del sector cooperativo español, que se caracteriza por su atomización y en donde, en la actualidad, ninguna cooperativa española está entre las veinticinco más grandes de la Unión Europea.

Para ello, pretende fomentar la fusión e integración de productores para la constitución o ampliación de entidades asociativas de carácter agroalimentario de ámbito supraautonómico, con el fin de que adquieran suficiente capacidad y dimensión para desarrollar su estructura empresarial y contribuir al incremento de su eficiencia y rentabilidad.

Por su parte, el objetivo del segundo proyecto de ley es aumentar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario y reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor.

Para el cumplimiento de ese objetivo, el anteproyecto se basa en un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena alimentaria.

De esta manera, se contemplan dos elementos fundamentales: los contratos alimentarios y las prácticas comerciales, que son de obligado cumplimiento para las relaciones comerciales de todos los operadores, desde la producción hasta la distribución.

En relación con los contratos alimentarios que se suscriban entre los operadores de la cadena alimentaria, y para garantizar la seguridad jurídica y la equidad en las relaciones comerciales, la novedad más significativa es el establecimiento de la obligación de formalizarlos por escrito en determinados casos, dependiendo del importe y de la situación de desequilibrio.