Una de las principales novedades del anteproyecto que reformará la Ley del Medicamento es que pasa de una farmacovigilancia reactiva, que consiste en detectar los problemas de seguridad provocados por los medicamentos, a una farmacovigilancia proactiva, que pretende anticiparse a estos problemas y así evitarlos.

Así, los profesionales y ciudadanos podrán comunicar sospechas de reacciones adversas a través de un formulario electrónico.

Este nuevo modelo normativo, basado en una Directiva Europea, supone también un refuerzo de las garantías en la fabricación y distribución de los fármacos y sus principios activos, así como en la venta legal de medicinas a través de Internet y en la prevención de la entrada de medicamentos falsificados en el canal legal de suministro. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros que el año pasado se intervinieron 125 páginas webs donde se podían comprar fármacos y se abrieron 73 expedientes.

El anteproyecto contempla incrementar inspecciones a fabricantes de principios activos ubicados en terceros países y se controlarán también los almacenes de medicamentos en las zonas francas.

En materia de sanciones, por motivos de salud y seguridad, se extiende a los productos sanitarios, los cosméticos y los productos de cuidado personal, las distintas previsiones que la Ley ya recoge para los medicamentos. A su vez, se prohíbe la venta a domicilio y cualquier tipo de venta indirecta al público de productos sanitarios, así como su publicidad.

Por otra parte, el anteproyecto adecúa los importes que percibe la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) por los servicios como la tramitación de procedimientos de autorización, modificación, renovación o mantenimiento de medicamentos en el mercado, evaluaciones científicas, etc. Éstas pasan a ser prestaciones patrimoniales de carácter público, no tributario.