"Las consecuencias de la aplicación del aumento y extensión de las tasas judiciales prevista para principios del próximo año, supondrán una gran vulneración al derecho a la defensa por parte de los ciudadanos, pues supone crear una auténtica barrera de entrada a la justicia", señala CEA en una nota de prensa.

Según la asociación de automovilistas, el anteproyecto de ley por el que se revisan las tasas judiciales vigentes desde 2002 y reguladas por la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social "tiene un claro afán recaudatorio y, al mismo tiempo, desanimará en muchos casos a que se haga uso de la justicia, lo que se traduce en un recorte real de derechos y garantías".

Aunque el Ministerio aduce que esta subida de tasas es necesaria para poder sufragar los gastos que genera el mantenimiento y uso de la justicia gratuita, CEA cree que esta razón no es justificable, ya que es a través de los impuestos de los ciudadanos, y por tanto de financiación pública, como se obtienen los ingresos para su buen funcionamiento. "Con esta medida estaríamos asistiendo a un doble pago por un mismo servicio público", indica.