El Estatuto de la Víctima que está preparando el Ministerio de Justicia permitirá esta y otras fórmulas innovadoras para proteger a los menores de sus víctimas, según adelantaron a Servimedia fuentes gubernamentales.

El ministro Alberto Ruiz-Gallardón avanzó el jueves a sus compañeros de gabinete las líneas generales del futuro anteproyecto de Ley del Estatuto de la Víctima del Delito, que está empezando a elaborar el Ejecutivo y que espera tener aprobado a finales del año que viene para su posterior entrada en vigor.

El Estatuto concederá “un régimen asistencial y jurídico que dota de mayor protección a las víctimas especialmente vulnerables: menores, personas con discapacidad, víctimas de delitos sexuales, de trata de seres humanos, de terrorismo, de violencia sobre la mujer y de grandes siniestros con víctimas múltiples”.

Todas ellas contarán con un “catálogo de derechos" del que también podrán beneficiarse tanto las víctimas de delitos como las de catástrofes naturales o accidentes de transporte.

Los menores y los discapacitados serán dos de los colectivos especialmente protegidos, ya que el Ministerio de Justicia introducirá en el Estatuto que merecen un "régimen asistencial y jurídico que va más allá del régimen general" del que gozan las víctimas de cualquier delito.

PROTECCIÓN PARA LOS MENORES

Entre otras medidas, se permitirá que las declaraciones ante la Policía de menores agredidos puedan ser grabadas y utilizadas de manera habitual cuando se celebre el juicio correspondiente.

El Ministerio de Justicia considera que así podrá evitarse que los menores vuelvan a tener contacto con la víctima y que se vean obligados a recordar el trauma vivido y exponerlo ante un tribunal.

En caso de que la comparecencia ante los magistrados resulte indispensable, el Estatuto recogerá que los menores declaren desde otras dependencias mediante videoconferencia, sin descartar que puedan hacerlo desde su propia casa.

El futuro anteproyecto de Ley del Estatuto de la Víctima del Delito amparará a los menores agredidos para que no tengan obligación de responder preguntas personales y para que dispongan de un acceso distinto a las dependencias oficiales con el fin de proteger su identidad.

Incluso, permitirá que las Fuerzas de Seguridad puedan proteger a los menores o cambiar temporalmente sobre su potestad cuando en el delito existan implicaciones de filiación. Así se evitaría, por ejemplo, que niños violados por un progenitor permanezcan junto al agresor.

PODER RECURRIR SIN PERSONARSE

Además, el Estatuto de la Víctima facilitará en el proceso judicial "cauces de participación a las víctimas de delitos de terrorismo, homicidio, lesiones, contra la libertad e indemnidad sexual penados con más de cinco años de cárcel o cuando se trate de hechos de los que se pueda derivar una situación de peligro” para el afectado.

El Gobierno pretende que las víctimas “puedan recurrir las decisiones de especial trascendencia que se adopten, como la concesión de la libertad condicional o el alzamiento del periodo de seguridad, si no se ha indemnizado el delito cometido o si existe peligro para la víctima”.

Asimismo, para impedir una segunda victimización, entre otras medidas, “se evitará el contacto de las víctimas y sus familiares con los infractores, y se adoptarán medidas para facilitarles los interrogatorios, como que puedan estar acompañadas”.

La principal novedad que incluye consiste en que las víctimas, aunque no estén personadas en un procedimiento judicial, podrán recurrir las resoluciones de sobreseimiento y archivo que se dicten en un plazo amplio que les permita disponer de tiempo suficiente para valorar si deben hacerlo y personarse en las actuaciones.

Otros aspectos que incluirá el Estatuto de la Víctima es que los derechos de los afectados son independientes de su posible participación en el proceso penal. Esto supone que tendrán acceso a información concreta sobre la causa, fecha y lugar del juicio; notificación de sentencias; resoluciones de medidas cautelares; y de libertad del encausado, siempre y cuando lo soliciten y exista una situación de peligro que lo justifique.

También se les informará de cómo interponer la denuncia y se les ofrecerán servicios asistenciales, asesoramiento legal, acceso a medidas de protección y una vía de contacto para recibir información sobre el estado del asunto. También dispondrán de servicios de traducción e interpretación gratuita para que puedan ejercer sus derechos.

MÁS DE UN AÑO DE TRÁMITE

El departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón espera que el anteproyecto del Estatuto de la Víctima esté redactado en unos dos o tres meses. Para ello, ha solicitado a los ministerios afectados por la nueva normativa que remitan sus propuestas oportunas.

Posteriormente, la nueva normativa deberá pasar el filtro correspondiente del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía. El Consejo de Estado también tendrá que analizar el texto con el fin de transponer la normativa europea en esta materia.

Después de todos esos pasos, el Gobierno dará luz verde al proyecto en el Consejo de Ministros y lo enviará al Parlamento para su debate legislativo y aprobación. Se calcula que este proceso durará algo más de un año, por lo que la entrada en vigor se produciría, como pronto, a finales de 2013.