El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó hoy en el Consejo de Ministros un informe sobre este futuro Estatuto de la Víctima, que adaptará a la legislación española las recomendaciones de la Unión Europea.

El informe será sometido a las consideraciones de otros ministerios antes de su aprobación como proyecto de ley. Gallardón dijo que esto podría suceder en unos dos o tres meses.

Según informó Justicia, el Estatuto prevé “un régimen asistencial y jurídico que dota de mayor protección a las víctimas especialmente vulnerables: menores, personas con discapacidad, víctimas de delitos sexuales, de trata de seres humanos, de terrorismo, de violencia sobre la mujer y de grandes siniestros con víctimas múltiples”.

El departamento de Gallardón destacó que, con este Estatuto, España se convierte “en el primer país miembro de la Unión Europea que aglutina en un solo texto legislativo el catálogo de derechos de las víctimas, sin perjuicio de los aprobados con anterioridad para las de carácter terrorista y las de violencia de género, que gozarán del régimen de derechos y protección reconocido en la nueva ley, pero también les será aplicable la legislación especial”.

Al mismo tiempo, el Estatuto pretende “reparar el daño sufrido y minimizar los efectos traumáticos que sufren las víctimas desde el reconocimiento de su dignidad y la defensa de sus bienes materiales y morales y con ellos los del conjunto de la sociedad”,

Justicia destacó que este instrumento legal para las víctimas tiene su origen en la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo aprobada el pasado 12 de septiembre. No obstante el departamento de Gallardón respaldó que, aparte de aplicar recomendaciones europeas, se trasladada con esta herramienta legal “las demandas y necesidades de la sociedad española”.

Además, el Estatuto de la Víctima plantea otras cuestiones, como que los afectados por delitos terroristas o sexuales puedan recurrir la libertad condicional de los condenados.

El informe presentado hoy incluye aspectos como el nuevo papel de las víctimas a la hora de la ejecución penal de los condenados. El Ministerio de Justicia explicó que, lo que se plantea con el Estatuto de la Víctima, es que “la ejecución de las penas mantiene su naturaleza estrictamente estatal, pero se facilitarán cauces de participación a las víctimas de delitos de terrorismo, homicidio, lesiones, contra la libertad e indemnidad sexual penados con más de cinco años de cárcel o cuando se trate de hechos de los que se pueda derivar una situación de peligro para la víctima”.

Además, el Estatuto prevé que las víctimas “puedan recurrir las decisiones de especial trascendencia que se adopten, como la concesión de la libertad condicional o el alzamiento del periodo de seguridad, si no se ha indemnizado el delito cometido o si existe peligro para la víctima”.