El Servicio de Inspección del Consejo ha inadmitido la denuncia al entender que los hechos “no revisten entidad disciplinaria”. Manos Limpias aseguraba que el magistrado había incurrido en una falta disciplinaria grave por verter en su resolución una “inadmisibles” y “graves acusaciones”. Las faltas graves pueden ser sancionadas con multa de hasta 6.000 euros.

Pedraz sostuvo en el auto dictado el pasado 4 de octubre que las protestas del 25-S se enmarcaron en el ejercicio de la libertad de expresión frente a la “decadencia de la clase política” y criticó a la policía por “excederse” en sus funciones”.

El CGPJ insiste en que “no es posible atender aquellas reclamaciones que afecten a la función jurisdiccional de jueces y magistrados, es decir, la facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado”.

El Consejo recuerda que la legislación “prohíbe expresamente a todos los órganos de gobierno del Poder Judicial su intervención en los procedimientos judiciales y en las resoluciones que dicten jueces y magistrados, debiendo canalizarse las discrepancias con las resoluciones judiciales a través de los recursos y medios de oposición que prevén las leyes procesales”.