Durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, Fernández Díaz negó que se vaya a modificar la ley de manifestación pero confirmó que el Ejecutivo sí quiere modificar "otros textos legales" para endurecer las sanciones por acciones radicales cometidas durante el ejercicio del derecho a manifestación.

Fernández Díaz detalló que la reforma afectaría al Código Penal y a la futura Ley de Protección Ciudadana, aunque no precisó los términos en los que quedarían redactados.

Aseguró que se busca "que se cumpla el orden constitucional" y que cuando se convocan manifestaciones se celebren de manera "pacífica" y "en absoluta libertad".

Declaró que el Gobierno quiere evitar que dentro de manifestaciones convocadas de manera legal y con pretensiones pacíficas puedan "enmascararse grupos violentos" con el ánimo de boicotearlas y provocar destrozos.

Fernández Díaz justificó esta futura reforma con el argumento de que la propia Constitución establece que "ningún derecho es ilimitado", hasta el punto de que se pueden prohibir manifestaciones "por razones de orden público".

La senadora de la Entesa Catalana Iolanda Pineda formuló la pregunta al ministro a raíz de las declaraciones de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, en las que pedía una reforma de la ley de manifestación para evitar nuevos incidentes como los ocurridos en la plaza de Neptuno durante las protestas del pasado 25 de septiembre.

Pineda criticó el propósito de Cifuentes y celebró que el ministro del Interior descartase totalmente esa reforma legislativa, lo que a su juicio prueba que "ni siquiera ustedes" en el Gobierno comparten las manifestaciones de la delegada del Gobierno en Madrid.

No obstante, Pineda se mostró "inquieta" ante la posibilidad de que un Ejecutivo como el de Mariano Rajoy "tan aficionado a los recortes" pudiera caer en la tentación y "pasar de los recortes económicos a los recortes en derechos políticos".