Según informa la UE, la sentencia se produce tras un recurso de la Comisión Europea en el que solicitaba que el Tribunal de Justicia declare que España ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo a la Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Su objetivo es conseguir un buen estado ecológico y químico de las aguas para 2015.

De acuerdo con dicha directiva, las autoridades nacionales han de tramitar y aprobar los respectivos planes hidrológicos de cuenca y notificarlos a la Comisión.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia declara que España ha incumplido obligaciones derivadas de la Directiva 2000/60/CE. Por una parte, España, sin negar el retraso en el cumplimiento de dichas obligaciones, ha alegado que los retrasos se deben a la complejidad de su sistema jurídico e institucional, en particular en lo que respecta al reparto de competencias entre Estado y comunidades autónomas.

Además, invoca los progresos alcanzados en la aprobación de los planes hidrológicos de cuenca y el calendario de las próximas medidas proyectadas.

A este respecto, el tribunal recuerda su jurisprudencia, según la cual un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas o situaciones de su orden jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos establecidos por una directiva.

Señala también que la existencia de un incumplimiento debe ser determinada en función de la situación del Estado miembro, tal como ésta se presentaba al final del plazo fijado en el dictamen motivado de la Comisión, por lo que los cambios ocurridos posteriormente no pueden ser tenidos en cuenta por el Tribunal de Justicia.