En nota de prensa, la ONG destacó que esta nueva regulación, que impone cuotas de casi 60 euros mensuales para los adultos de menos de 65 años y de unos 150 euros al mes para los más mayores, “pone en práctica la exclusión sanitaria en España”.

Según el presidente de Médicos del Mundo, Álvaro González, “lo que no contempla la orden es qué ocurrirá con las personas que no puedan pagar el importe de estos convenios, que será la mayoría de la población inmigrante sin autorización de residencia en España”.

“¿Se les dejará a las puertas de los hospitales”, se preguntó, o “¿nos desentenderemos aunque tengan enfermedades infecciosas que se pueden contagiar?", inquirió.

Además, la ONG destacó que “los pocos que puedan hacer frente a este desembolso” se mostrarán muy reticentes a ello, pues al exigirse distintos documentos tendrán miedo de ser expulsados.

Muchas de las personas a las que va dirigida esta orden carecen de hecho de documentación, con lo que “no podrán suscribir convenio alguno”, agregó la ONG.

A su juicio, esta orden “implanta un sistema de aseguramiento privado en la sanidad pública”, por el que “en lugar de que ‘quien más necesita, más recibe’, pagará más el que más gasta”.