En un comunicado, la plataforma denuncia la “extrema dureza” de las cargas registradas en dichas manifestaciones que dejaron “un importante número de detenciones y heridos”.

Por esta razón, exige que se depuren “responsabilidades políticas que, en todo caso, deben suponer el cese o dimisión de la delegada del Gobierno”, y reclama que los procesos judiciales en curso como consecuencia de estos incidentes se reconduzcan y no se califiquen como “atentado contra las instituciones del Estado”.

También denuncia las órdenes dadas a las fuerzas de seguridad, que crearon “una tensión del todo innecesaria y dieron una imagen de manifestación violenta “cuando se trata de una convocatoria pacífica”.

Además, rechaza la “estrategia” del Gobierno para “descalificar y desprestigiar” estas manifestaciones convocadas contra “las políticas antisociales promovidas por el Ejecutivo”.

En este sentido, la Cumbre Social muestra su “profunda preocupación” ante la “deriva autoritaria que está adoptando el Gobierno”.

Así, asegura que la represión de las manifestaciones está en relación con “la actitud arrogante y prepotente que se adopta desde los máximos responsables políticos del Ejecutivo”, así como con “la ausencia de diálogo social y político, con el ocultismo con el que se abordan temas fundamentales y con los intentos de manipulación de la opinión pública”.