En declaraciones a Servimedia, Álvarez se refirió a las manifestaciones de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, sobre la posible conveniencia de "modular" este derecho, y señaló que con la legislación actual ya se puede regular “en casos concretos, siempre por cuestiones de orden público, seguridad nacional, salud moral o en función de los derechos de otros colectivos”.

Sin embargo, “una norma genérica que lo limite” a priori “sería desproporcionada” y contravendría la legislación internacional ratificada por España, subrayó.

"El derecho de reunión y manifestación pacífica puede entrar en conflicto con otros derechos fundamentales de forma temporal durante su ejercicio”, admitió, pero “recordamos al Gobierno que este debe gozar de la misma prioridad en su protección, incluso cuando se ejerza contra decisiones de la propia Administración”, resaltó Álvarez.

Finalmente, destacó que “ninguna norma interna de España” puede ir en contra ni del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU ni del Convenio de Derechos Humanos del Consejo de Europa, entre cuyos preceptos destaca la garantía del derecho de manifestación.