Torres-Dulce contestó así a la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, quien este martes abogó por “modular” el derecho de manifestación. El jefe del Ministerio Público señaló que la regulación de este derecho fundamental, de hacerse, debe ser de carácter administrativa, nunca penal o constitucional.

“Dejemos que la gentes se reúna y se manifieste libremente pero reprimamos a los que utilizan estos derechos para ir más allá y tratan de socavar los cimientos del Estado de Derecho”, señaló Torres-Dulce durante su intervención en un desayuno informativo celebrado esta mañana.

El fiscal general del Estado criticó en este sentido que se “explote el legítimo malestar social” existente en la actualidad en España para realizar una “deslegitimación en bloque de la estructura del Estado”.

Reconoció que en las actuales condiciones es natural que “el espíritu ciudadano se sienta defraudado” y que se llegue en algunos casos a una “desafección con respecto al sistema institucional”.

Quiso sin embargo defender “un Estado de Derecho que ha proporcionado a España los mejores años de prosperidad” y abogó por “recuperar la memoria del camino recorrido por la sociedad española”. “Puede haber deficiencias o puntos oscuro pero es un marco ejemplar de convivencia”, señaló.

EXCESO POLICIAL

Torres-Dulce señaló asimismo que todo “exceso policial debe ser juzgado”. “La Policía tiene toda mi admiración y todo mi respeto pero está sujeta a la legalidad, si se han producido excesos para eso están los ciudadanos que deben denunciar ante los tribunales”, indicó.

El fiscal general del Estado mostró además su convencimiento de que la mayoría de los 35 detenidos por los altercados de las manifestaciones del 25S no cometieron delitos contra las altas instituciones de la Nación, sino solo delitos desobediencia o atentado contra la autoridad.

Aún así, dijo que las investigaciones judiciales deben determinar si alguno de los arrestados “querían llegar hasta el Congreso” y cometieron delitos contra la Nación.