El Ejecutivo cumple así con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 17 de julio de 2008, que apuntaba que España había infringido el derecho comunitario al someter a la autorización previa de la CNE la adquisición de participaciones en empresas del sector de la energía.

La justicia europea consideró desproporcionado el régimen español de autorización previa en relación con el objetivo de garantizar la seguridad del suministro energético.

E.On presentó un recurso ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por las condiciones que imponía la CNE a la compra de Endesa, al igual que más tarde lo harían Acciona y Enel, en una operación que sí culminó con éxito.

El Ministerio estimó parcialmente los recursos de alzada en el sentido de modificar, anular o mantener varias de las condiciones interpuestas por la CNE, si bien la Comisión Europea mantuvo que, pese a los cambios, eran incompatibles con el reglamento comunitario, por lo que tenía que ser derogadas.