Los colectivos de jueces y fiscales habían solicitado una reunión a Gallardón después de las juntas celebradas el pasado 21 de septiembre. En estas reuniones, los representantes de la judicatura anunciaron movilizaciones si el Ejecutivo no negociaba antes de 15 días modificar la reforma planteada de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En este sentido, el ministro declaró la semana pasada, en Televisión Española, que “costaría mucho” entender a los ciudadanos que los jueces fueran a la huelga, porque, además de funcionarios, son representantes de un poder del Estado.

El titular de Justicia, que en el encuentro de hoy estará acompañado por el secretario de Estado, Fernando Román, dijo que tiene una “absoluta comprensión” con las demandas de los jueces en lo que se refiere a decisiones como la supresión de la paga de Navidad o la reducción de los días de asuntos propios.

LIMITACIÓN DE RECURSOS

El titular de Justicia insistió en que entiende el malestar de los jueces en este terreno, puesto que a este colectivo se les está exigiendo un sacrificio mayor como consecuencia de la crisis económica.

Sin embargo, señaló que las “legítimas reivindicaciones” del colectivo judicial en materia laboral y salarial se topan con una realidad, que es que “carecemos de los recursos económicos” necesarios.

No obstante, Gallardón destacó que, además de funcionarios públicos, los jueces son representantes de un poder del Estado, por lo que “costaría mucho” a los ciudadanos entender que este colectivo fuese a la huelga.

Aseguró que representar a un poder del Estado es una “inmensa responsabilidad”, que “está alejada de cortar la prestación de ese servicio público esencial que es la tutela judicial efectiva”, en referencia a una eventual huelga. Añadió que no se entendería una huelga de jueces, como tampoco de diputados y senadores, que forman parte del Poder Ejecutivo.