Así se destacó en una mesa redonda dentro de la jornada “Más allá de la Lismi: hacia un nuevo modelo legal de inclusión laboral de personas con discapacidad”, organizada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Fundación ONCE.

En la misma intervinieron la responsable del Departamento Confederal de Servicios Sociales de la Unión General de Trabajadores (UGT), Gema Ramón; la secretaria de Política Social de Comisiones Obreras (CCOO), Rosana Costa, y el presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), Juan Antonio Pedreño.

Gema Ramón declaró que “es necesario un cambio notable en las políticas sociales y de inserción de personas con discapacidad en el mercado laboral, con un rumbo que se adapte a la nueva realidad social”. También señaló que “los sindicatos no han sido partícipes de la construcción de las políticas sociales, puesto que éstas se han realizado a las espaldas de los sindicatos, enterándonos de ellas por la televisión”.

Por su parte, Juan Antonio Pedreño remarcó en el encuentro que “gracias a la Lismi se cimentó la integración sociolaboral de las personas con discapacidad, pero también se han visto numerosas deficiencias que con el tiempo han salido a la luz y no han logrado subsanarse”.

Pedreño también dejó patente “la necesidad de que las personas con discapacidad puedan trabajar con un salario digno y puedan conciliar su discapacidad con un trabajo saludable y una vida familiar normalizada mediante políticas constructivas en estos tiempos de crisis que fomenten la responsabilidad social corporativa”.

La secretaria de Política Social de CCOO, Rosana Costa, lamentó que “haya personas que pudiendo disponer de un empleo ordinario, hayan tenido que contentarse con hacerlo en uno protegido simplemente por pertenecer al sector de la discapacidad”, e indicó que todas las iniciativas en el aspecto laboral de las personas con discapacidad “deberían circular por tres ámbitos de apoyo: la concertación social, la negociación colectiva y la participación estatal”.

Los ponentes coincidieron en señalar como primera acción de especial importancia la necesidad de reestructurar y actualizar las tareas y cometidos de los Centros Especiales de Empleo para personas con discapacidad, para equipararlas a otros organismos de Empleo tanto nacionales como europeos.