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Cataluña. El Gobierno utilizará todos los "instrumentos jurídicos e institucionales" para impedir el referéndum de Artur Mas

MADRID
SERVIMEDIA

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió hoy de que existen "instrumentos jurídicos e institucionales" suficientes para impedir el referéndum independentista anunciado por Artur Mas en Cataluña y recalcó que "hay un gobierno dispuesto a usarlos".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría manifestó el rechazo del Ejecutivo central a la consulta popular que pretende convocar el presidente de Cataluña y le recordó que "no sería conforme a la Constitución".

Sáenz de Santamaría explicó, además, que el referéndum sobre la independencia de Cataluña "afectaría al conjunto del pueblo español" y, por lo tanto, "habría que preguntarles a todos y cada uno de los españoles" sobre la posible separación de esta comunidad del resto del país.

La vicepresidenta se mostró segura de que el Gobierno puede parar esa consulta ciudadana, si Artur Mas finalmente la llevase a cabo, y adujo que "no no solo hay instrumentos jurídicos e institucionales para pararlo, sino que hay un gobierno que está dispuesto a usarlos".

Posteriormente, Sáenz de Santamaría detalló que los actos llevados a cabo por la Generalitat que queden fuera del marco de sus competencias serían “inconstitucionales” y por tanto se podrían recurrir ante el Tribunal Constitucional. La vicepresidenta aseguró que al ser “exconstitucional” este tribunal suspendería “automáticamente” el referéndum independentista. La portavoz del Gobierno recordó que la celebración de un referéndum por parte de la Generalitat está “fuera de sus competencias”, por lo que su convocatoria quedaría anulada “por vía de la Constitución”.

Además, recordó lo ocurrido con la Ley de Consultas Populares aprobada en el Parlamento de Cataluña. El Gobierno central presentó un recurso de inconstitucionalidad contra dicha norma y a pesar de que el Alto Tribunal levantó la suspensión, dejó claro que ese tipo de consultas deben ser autorizadas por el Estado. Por lo tanto, si hubiera una utilización de dicha ley, el Gobierno podría dejar “sin efecto” cualquier acto en aplicación de la misma con sólo pedirlo el Ejecutivo central.

(SERVIMEDIA)
27 Sep 2012
DGU/caa