En la orden ministerial se explica que la Intervención “carece de efectivos suficientes para hacer frente, en el plazo previsto, a algunas de las actuaciones” previstas en el Plan Parcial de Auditorías y Control Financiero de Subvenciones y Ayudas Públicas para el año 2013 y en el Plan de Control de Fondos Comunitarios para el año auditor 2012-2013.

Así, para cumplir con la normativa española y comunitaria se determina la necesidad de establecer un proceso de colaboración con empresas privadas de auditoría mediante la contratación de determinadas actuaciones de control.

Por ello, Hacienda autoriza a la Intervención General de la Administración del Estado, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, a recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría.

Además, en aquellos trabajos de control o auditoría cuya realización por la Intervención General tenga carácter periódico y recurrente se autoriza la celebración de estos contratos de colaboración con empresas privadas de auditoría por un plazo de vigencia superior a un año.