Los letrados pretenden con esta entrega dejar de manifiesto la contradicción que supone que, mientras que la marcha ciudadana convocada para este martes es legal y está autorizada por la Delegación del Gobierno, se haya abierto una investigación penal contra sus promotores. El departamento dirigido por Cristina Cifuentes autorizó la manifestación pero estableció que se debe mantener a cierta distancia del Congreso y que no se puede realizar acampadas.

El juez Pedraz abrió diligencias la semana pasada y citó a declarar como imputados para el próximo 4 de octubre a ocho participantes en las asambleas organizativas de la protesta. Se les atribuye la presunta comisión de un delito contra las altas instituciones del Estado.

Pedraz abrió diligencias tras la denuncia presentada contra los promotores de la manifestación. La denuncia se basa en el artículo 494 del Código Penal, que se dirige contra "los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento".

La Policía Nacional identificó a los imputados durante la asamblea celebrada el pasado 16 de septiembre en el parque de El Retiro de Madrid y les atribuye el papel de organizadores de la manifestación. En la investigación se han indagado las convocatorias que circulan por redes sociales como Facebook y Twitter.

Los organizadores de la protesta han querido dejar claro que no promueven la alteración del orden público y que no se impedirá el paso de diputados.